Los militares salieron este miércoles a las calles de Lima luego de que el gobierno interino del derechista José Jerí decretara el estado de emergencia ante la creciente ola de criminalidad que golpea al país.

El decreto, emitido el martes por la noche, restringe derechos como la libertad de reunión y la circulación en motocicletas, además de autorizar la militarización de las calles de la capital peruana y del vecino puerto del Callao. La medida regirá por 30 días y busca contener la violencia en un contexto de alta conflictividad política.

La decisión se produce tras la destitución de la expresidenta Dina Boluarte, quien fue removida de su cargo el 10 de octubre en un juicio político exprés, en medio de acusaciones por su incapacidad para controlar la inseguridad.
El país atraviesa una grave crisis de inseguridad vinculada al crimen organizado, que ha desatado múltiples protestas en las últimas semanas. Las movilizaciones son encabezadas por la Generación Z, un colectivo de jóvenes de entre 18 y 30 años, que repudia tanto al Congreso como al nuevo gobierno de Jerí.
La violencia y el descontento social derivaron en protestas masivas el 15 de octubre, en las que se registró una persona muerta y más de un centenar de heridos.
Entre marzo y julio ya había regido un estado de emergencia similar en Lima y el Callao, aunque no logró revertir la curva de inseguridad.
Según cifras oficiales, las denuncias por extorsión pasaron de 2.396 en 2023 a más de 17.000 en 2024, con Lima como epicentro de los hechos delictivos.