El Gobierno de Javier Milei se prepara para avanzar con una nueva instancia judicial en la disputa con el Reino Unido por la explotación petrolera en las Islas Malvinas. El próximo lunes vencerá el plazo de dos semanas que la Argentina concedió a Londres para detener las actividades vinculadas con el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte
Ante la falta de una respuesta que satisfaga el reclamo argentino, la Cancillería buscará que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, disponga medidas provisionales para evitar que el emprendimiento avance antes del inicio de la extracción de crudo, prevista para 2028.

La presentación todavía no tiene una fecha definida, aunque la estrategia oficial contempla que pueda producirse una primera resolución durante noviembre. El planteo se enmarca en el procedimiento anunciado por el Gobierno el 28 de septiembre, cuando se informó el inicio de un arbitraje internacional contra el Reino Unido.
La estrategia contempla dos vías judiciales. Por un lado, el arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que establece un mecanismo para resolver controversias entre Estados. Por otro, la solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que puede intervenir en determinadas condiciones mientras se constituye el tribunal arbitral.
La diferencia entre ambas instancias es relevante para los tiempos del proceso. Mientras que el arbitraje de fondo podría extenderse durante años, las medidas provisionales buscan dar una respuesta más rápida para preservar los derechos que una de las partes considera afectados.

De todos modos, la Argentina no puede ordenar unilateralmente la paralización del proyecto. La intención del Gobierno es solicitar la intervención de un organismo internacional que evalúe los argumentos presentados y determine si corresponde imponer restricciones temporales.
El anuncio inicial fue realizado por la Oficina del Presidente y ejecutado por el canciller Pablo Quirno, quien confirmó que el país notificó formalmente al Reino Unido el inicio del arbitraje contemplado en la CONVEMAR.
En aquella oportunidad, Milei sostuvo que había instruido a la Cancillería y a los equipos jurídicos para iniciar el procedimiento contra Londres por las actividades hidrocarburíferas en el archipiélago. “Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, había escrito el mandatario en su cuenta de X.
La intimación argentina apunta a que el Reino Unido adopte medidas para impedir el inicio o la continuidad de las actividades relacionadas con Sea Lion y otras acciones que, desde la perspectiva de Buenos Aires, puedan agravar la controversia, como la concesión de nuevos permisos de explotación.
Por su parte, Quirno advirtió que quienes exploren o exploten recursos naturales en las islas sin autorización argentina deberán afrontar consecuencias, en línea con la posición diplomática del país sobre la soberanía del archipiélago y sus recursos.
Con el vencimiento del plazo, el Gobierno se encamina a trasladar el reclamo a una instancia internacional. El resultado dependerá de la evaluación jurídica del tribunal y de las decisiones que adopte en el marco del procedimiento.