Los gobernadores, que iniciaron en julio un camino de confrontación legislativa por más presupuesto, estuvieron presentes en toda la jornada de sesión en Diputados: se garantizaron la aprobación de un proyecto que les reparte fondos de forma inmediata y torcieron el rumbo de la votación para revertir el veto al aumento a jubilados. En la jornada, la oposición también busca quedarse con la presidencia de la comisión investigadora de la causa $LIBRA, que se encuentra trabada hace cuatro meses.
La iniciativa aprobada, que ya tuvo media sanción en el Senado, obliga a la Casa Rosada a ejecutar -con el criterio de la Ley de Coparticipación Federal- el reparto automático a las provincias del 1% los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La iniciativa obtuvo 143 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones (Coalición Cívica, Frente de Izquierda y la chubutense Romero). Los bloques provincialistas votaron unánimemente a favor, junto a Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Por Santa Cruz y un sector de la UCR.

Este proyecto acompañó a otro que fija que un mayor porcentaje de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos vuelva a las provincias, en lugar de ser derivados a seis fideicomisos que serán eliminados: de Infraestructura Hídrica; Infraestructura de Transporte; Sistema Vial Integrados: Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior; y Nacional de la Vivienda.
Lo recaudado por el impuesto a los combustibles alcanza hasta un 0,5% del PBI. En este momento, las provincias reciben 25,47% (que, en simultáneo, se distribuían un 10,4% al Tesoro local y un 15,07% al Fondo Nacional de Vivienda). Esa suma pasará a ser del 57,02% de libre disponibilidad de aprobarse la ley, más un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social. Existían otros dos proyectos: uno que eliminaba la aleatoriedad del destino de los fondos (del Frente de Izquierda) y otro que reducía al 40% la participación de las provincias en la distribución (del oficialismo).