El delantero brasileño Richarlison, jugador del Tottenham y de la selección de su país, denunció públicamente al senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro por una disputa judicial vinculada con una mansión ubicada en Ilha Comprida, en Angra dos Reis, sobre la costa del estado de Río de Janeiro. El futbolista sostiene que invirtió alrededor de 10 millones de reales en la propiedad y que perdió la posesión sin recibir una compensación económica.
La acusación fue difundida el sábado 17 de octubre, cuando el atacante publicó un video en sus redes sociales, titulado “Justiça”, en el que pidió que la Policía Federal investigue lo sucedido.


“Flávio Bolsonaro y este tal Willer Tomaz fueron allí y, en 24 horas, se quedaron con la posesión de la isla”, afirmó Richarlison, quien aseguró que había rechazado una oferta para vender el inmueble. Además, cuestionó el proceso judicial y sostuvo que perdió el dinero que había destinado a la inversión.

Según el jugador, la operación se realizó entre 2020 y 2021, durante la pandemia de coronavirus, junto con otros socios: Alencar da Silveira Júnior, entonces presidente del club América-MG, y Renato Velasco, su antiguo representante. El dinero habría sido destinado a adquirir los derechos de ocupación y reacondicionar la residencia.
El abogado desafió a Richarlison a presentar pruebas
Tras la difusión de la denuncia, Willer Tomaz, el abogado vinculado al senador cuya empresa tiene actualmente la posesión del inmueble, rechazó las acusaciones y le exigió al futbolista que presente documentación que respalde sus derechos sobre la propiedad.



Tomaz le dio un plazo de 72 horas para presentar pruebas anteriores a julio de 2022, como una escritura pública, un contrato de compraventa registrado o una inscripción ante la Secretaría de Patrimonio de la Unión (SPU), además de comprobantes que acrediten el pago de los 10 millones de reales mencionados por el delantero.
“Presente un documento y la isla será suya”, planteó el abogado en su respuesta pública. También aseguró que, si Richarlison presenta documentación válida, transferirá gratuitamente los derechos sobre el inmueble.
Tomaz sostuvo, además, que las empresas vinculadas al futbolista no lograron revertir las decisiones judiciales relacionadas con la posesión y que su firma desembolsó alrededor de cinco millones de reales para regularizar obligaciones vinculadas con la propiedad. Esas cifras forman parte de su versión del conflicto.
Qué dice Flávio Bolsonaro y qué resolvió la Justicia
Por su parte, Flávio Bolsonaro negó tener responsabilidad en la disputa. Su entorno afirmó que el senador no compró, vendió ni intermedió en la operación y que su nombre apareció en el expediente porque había sido mencionado como testigo. También calificó de infundada la asociación entre el candidato presidencial y el inmueble.
Según los antecedentes difundidos por medios brasileños, Bolsonaro visitó la propiedad junto con Tomaz en 2021, aunque negó tener vínculos comerciales con ella.
El litigio se extendió durante varios años y llegó al Superior Tribunal de Justicia de Brasil. Las empresas vinculadas a Richarlison no consiguieron revertir las decisiones sobre la posesión y, en 2025, una de las partes desistió de continuar con el proceso, que posteriormente quedó archivado.
Un aspecto importante es que el terreno pertenece a la Unión brasileña. La controversia gira en torno a los derechos de ocupación y posesión del inmueble, por lo que no corresponde afirmar que se haya transferido la propiedad privada de toda la isla.
Pidieron investigar posibles irregularidades
La polémica sumó otro capítulo cuando el colectivo Derrubando Muros presentó una representación ante el Ministerio Público Federal (MPF) para pedir que se investigue el trámite administrativo relacionado con los derechos de ocupación del inmueble.
La presentación plantea que se examine si pudo existir un uso de funciones públicas para favorecer intereses particulares, una figura conocida en Brasil como advocacia administrativa. Entre los firmantes aparecen el jurista Miguel Reale Júnior y el investigador Conrado Hübner Mendes.
El colectivo sostiene que el caso merece una revisión porque involucra un terreno perteneciente al patrimonio de la Unión. Sin embargo, la presentación constituye un pedido de investigación y no una confirmación judicial de irregularidades ni de la responsabilidad de Bolsonaro.
Mientras tanto, el conflicto continúa marcado por las acusaciones contrapuestas. Richarlison pide que se investigue cómo perdió la posesión del inmueble, el abogado exige pruebas que respalden su reclamo y el senador niega haber intervenido en la operación.