La crisis que durante más de un año fue dejando a Lácteos Verónica sin producción, sin capital de trabajo y sin capacidad para cumplir con sus obligaciones terminó por llegar a los tribunales. La tradicional empresa santafesina se presentó esta semana en concurso preventivo de acreedores, acorralada por un pasivo que se multiplicó mientras sus tres plantas permanecían prácticamente fuera de funcionamiento.
La presentación quedó radicada ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°17, Secretaría N°34, donde ya tramitan varios de los reclamos contra la compañía. El expediente de concurso figura actualmente en despacho y la Justicia deberá resolver si corresponde abrir formalmente el proceso.

La empresa es patrocinada por el Estudio Alegria, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo (ABFFM), un histórico estudio jurídico especializado en derecho empresario, reestructuraciones financieras y concursos y quiebras. La firma fue fundada en 1976 por Héctor Alegria y cuenta con una práctica específica en insolvencia y reestructuración de deuda. Según su propio sitio, participó en más de cien concursos, quiebras, acuerdos preventivos extrajudiciales y reestructuraciones.
Lácteos Verónica es una de las empresas más tradicionales de la industria láctea argentina. Fundada en 1923, lleva más de seis décadas radicada en Santa Fe y permanece bajo control de la familia Espiñeira, propietaria de la compañía. A lo largo de su historia se consolidó como una de las principales usinas de la región y llegó a procesar hasta un millón de litros de leche por día.
El paso al concurso se produce después de meses en los que la empresa intentó contener los reclamos de manera individual. Esa estrategia quedó cada vez más complicada por la cantidad de acreedores que comenzaron a avanzar judicialmente.
La presentación más reciente vino de la mando del Banco Galicia quien también le pidió la quiebra a Verónica, en un contexto en el que la entidad aparece entre sus principales acreedores. Según los últimos datos del Banco Central, correspondientes a junio, la empresa registra con Galicia una deuda de $1.376,7 millones, calificada en Situación 3, es decir, con problemas.
El sistema financiero muestra además otros pasivos relevantes. Verónica registra alrededor de $4.745 millones de deuda bancaria entre distintas entidades y compañías de crédito. A Galicia se suman Banco Nación, con unos $1.327 millones; Credibel, con $1.115 millones; Catalinas Cooperativa de Crédito, con $708 millones y Banco Macro, con unos $208 millones, además de Santander, Banco Provincia, Banco Ciudad y Banco Industrial.
Pero el dato que permite dimensionar el deterioro de la cadena de pagos es otro: la compañía acumula más de 2.900 cheques rechazados por más de $11.200 millones.
En paralelo, se multiplicaron los expedientes judiciales. Hay pedidos de quiebra iniciados por Establecimientos Los Cerros y Munay, Agropecuaria El Timbó, Criolani Agropecuaria, Dices Argentina y Libertador Factoring, entre otros proveedores. También avanzan ejecuciones iniciadas por empresas como Libres Seguridad, Trading Internacional, Soluciones Randstad y Fremar, además de procesos vinculados con Hypred Argentina.
La presión judicial ya había obligado a la compañía a resolver reclamos puntuales. En marzo, por ejemplo, canceló una deuda de $23,2 millones en sede judicial y consiguió frenar un pedido de quiebra. Pero ese pago no modificó el cuadro general: los cheques rechazados siguieron acumulándose, las deudas bancarias se deterioraron y nuevos acreedores llegaron a los tribunales.


Tres plantas paralizadas y una empresa que perdió trabajadores
El concurso aparece después de meses en los que la reactivación que se esperaba nunca llegó. Las plantas de Clason, Lehmann y Suardi, en Santa Fe, permanecen paralizadas o con una actividad prácticamente inexistente. La empresa que llegó a procesar más de un millón de litros de leche por día quedó sin materia prima y sin capacidad para sostener una operación normal.
El impacto sobre los trabajadores también se profundizó. Verónica llegó a tener más de 700 empleados directos, aunque actualmente son menos porque parte de los trabajadores, frente a los meses sin cobrar, tuvo que buscar otros empleos o ingresos para sostener a sus familias.
Los incumplimientos salariales comenzaron a acumularse desde el año pasado. En el medio, hubo protestas, cortes de ruta, movilizaciones y reclamos ante autoridades provinciales y nacionales. La situación llevó incluso a la provincia de Santa Fe a disponer asistencia económica y alimentaria para familias vinculadas con las plantas de producción.
En este marco, la crisis también rompió el vínculo con productores y proveedores. La falta de pagos y de materia prima dejó a la estructura industrial sin capacidad de recuperar un flujo de fondos propio. Los acuerdos de producción a fasón que habían permitido sostener alguna actividad durante parte del año pasado tampoco se convirtieron en una salida permanente.

La situación financiera de Verónica quedó además atravesada por denuncias de presunto vaciamiento que comenzaron a tomar fuerza durante 2025 y volvieron a aparecer este año. Trabajadores y dirigentes políticos cuestionaron que la crisis de la láctea pudiera explicarse solamente por las dificultades del sector y pusieron el foco en movimientos dentro del propio grupo familiar.
Uno de los puntos centrales es Las Becerras S.A., una empresa vinculada a la familia Espiñeira que durante años funcionó como tambo y proveedora de materia prima de Verónica. Según las denuncias difundidas por trabajadores y legisladores, Las Becerras dejó de abastecer a la láctea y comenzó a vender leche a otras empresas, mientras Verónica quedaba sin materia prima para producir. Esa situación fue señalada públicamente como una posible maniobra de vaciamiento.
El otro elemento que encendió las alertas fue la creación, en septiembre de 2025, de tres nuevas sociedades vinculadas a integrantes de la familia Espiñeira: Kawsay S.A., Agro Prada S.A. y Grandal Agropecuaria S.A., con objetos relacionados con actividades agropecuarias, tambo y comercialización. En registros societarios aparecen Mariel Espiñeira, Alejandro Espiñeira y María del Carmen Espiñeira Dianti, respectivamente, vinculados a esas compañías.
Ya en junio de 2025, cuando la crisis comenzaba a adquirir otra dimensión, trabajadores y legisladores habían puesto bajo la lupa a Las Becerras, por su relación con la familia controlante y por presuntas transferencias de campos y maquinaria. También se habían planteado dudas sobre la separación de activos dentro del grupo.
A partir de ahora será la Justicia Comercial la encargada de auditar la situación de Lácteos Verónica, determinar el alcance de sus obligaciones y ordenar la relación con sus acreedores. El concurso promete convertirse en uno de los procesos de mayor magnitud dentro de la industria láctea, con un pasivo que, además de los más de $15.900 millones registrados solo en el sistema financiero, incluye a proveedores, trabajadores y otros acreedores que deberán presentarse en el expediente.
La apertura del proceso pondrá finalmente bajo revisión judicial el patrimonio y las cuentas de una compañía que durante más de un año acumuló incumplimientos mientras su actividad productiva prácticamente se detuvo.