El presidente Javier Milei anunció este jueves por cadena nacional que enviará al Congreso un proyecto para reforzar las sanciones contra las empresas que desarrollen o presten asistencia a actividades económicas no autorizadas por la Argentina en las Islas Malvinas.
La iniciativa quedó vinculada con el avance de Sea Lion, el proyecto petrolero impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum en aguas cercanas al archipiélago. El desarrollo prevé comenzar a producir en 2028, pese al rechazo del Gobierno argentino.
Sin embargo, la legislación nacional ya contempla un amplio régimen administrativo y penal para quienes exploren o extraigan hidrocarburos en la plataforma continental sin autorización. Las normas también alcanzan a accionistas, prestadores de servicios y compañías que participen en operaciones financieras, técnicas o logísticas.
Qué establece la Ley 26.659
La Ley 26.659, sancionada en 2011, determina que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina necesitan la autorización de las autoridades nacionales. La prohibición no se limita a las empresas encargadas directamente de extraer los recursos, sino que también comprende a las personas físicas o jurídicas que posean participaciones en esas compañías o les proporcionen servicios.
El texto incluye expresamente las transacciones comerciales, operaciones económicas y financieras, tareas logísticas, asistencia técnica, consultorías y asesorías, tanto pagas como gratuitas.
Quienes incumplan esas disposiciones pueden ser inhabilitados para operar en la Argentina durante un plazo de entre cinco y 20 años. Si cuentan con concesiones hidrocarburíferas dentro del país, estas pueden revertirse al Estado nacional o a las provincias.
La norma también establece el cese de beneficios impositivos o previsionales y prohíbe que el Estado nacional, las provincias y los municipios contraten con las empresas involucradas, sus controladas o sus accionistas.
Rockhopper y Navitas recibieron inhabilitaciones de 20 años para operar en la Argentina por sus actividades en Malvinas.
Rockhopper y Navitas recibieron inhabilitaciones de 20 años para operar en la Argentina por sus actividades en Malvinas. ATE
Las penas de prisión incorporadas en 2013
La Ley 26.915, aprobada en 2013, modificó el régimen e incorporó sanciones penales para las actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina. Para quienes encarguen o lleven adelante tareas de exploración, la legislación contempla penas de cinco a 10 años de prisión y multas equivalentes al valor de entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo WTI.
En los casos de extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, las penas se elevan a entre 10 y 15 años de prisión, con multas calculadas sobre el valor de entre 150.000 y 1,5 millones de barriles.
La condena también puede implicar el decomiso de los equipos, los materiales utilizados y los recursos extraídos, además de la extinción de permisos o concesiones otorgados por el Estado.
Cuando los hechos se cometan en beneficio de una empresa, las penas de prisión pueden alcanzar a sus directores, gerentes, administradores, representantes o apoderados que hayan intervenido. Las personas jurídicas, a su vez, pueden recibir multas, la suspensión de sus actividades y la prohibición de participar en licitaciones públicas por hasta 10 años.
Los antecedentes de Rockhopper y Navitas
Las dos compañías que encabezan Sea Lion ya fueron sancionadas administrativamente por la Argentina. Rockhopper fue declarada clandestina en 2012 e inhabilitada para operar en el país durante 20 años en 2013.
En 2022, la Secretaría de Energía aplicó la misma inhabilitación a Navitas Petroleum por su participación en el proyecto. La compañía israelí fue declarada clandestina y quedó impedida de desarrollar actividades en el territorio argentino durante dos décadas, según informó entonces el Gobierno nacional.
Sea Lion se encuentra unos 220 kilómetros al norte de las islas y es operado por Navitas, que posee el 65% de la iniciativa. El 35% restante pertenece a Rockhopper. La primera etapa contempla una inversión cercana a los u$s1.800 millones y una producción inicial estimada en 55.000 barriles diarios.
Las críticas de Guillermo Carmona
El exsecretario de Malvinas Guillermo Carmona cuestionó el anuncio presidencial y sostuvo que las actividades de exploración, explotación, financiamiento y asistencia logística ya se encuentran alcanzadas por las leyes vigentes.
El exfuncionario reclamó que el Gobierno impulse los procesos penales contra los directivos de Navitas y Rockhopper y le exija a Israel que intervenga para lograr el retiro de la compañía de Sea Lion.
Además, propuso que el Congreso avance con restricciones sobre las inversiones provenientes de países que permitan o toleren la participación de sus empresas en actividades consideradas ilegales por la Argentina en las islas.