La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) deberá informar la próxima semana sobre la información que posee acerca del Plan Cóndor, la red de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. La orden proviene del juez federal Sebastián Casanello, a raíz de un pedido de Alejandrina Barry, quien fue víctima de una acción coordinada entre Argentina y Uruguay.
Casanello, siguiendo la recomendación de la fiscala Paloma Ochoa, solicitó a la SIDE, la Secretaría de Derechos Humanos, y los Ministerios de Justicia, Defensa y Seguridad que proporcionen documentación sobre el Plan Cóndor. En Comodoro Py, se estima que la respuesta debe llegar el 18 de octubre, ya que el juez notificó el 2 de octubre que tenían diez días hábiles para presentar un inventario.
El juez busca detalles sobre las víctimas y los perpetradores del Plan Cóndor, así como sobre el surgimiento de esta operación represiva y las acciones que se llevaron a cabo.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 definió en 2016 al Plan Cóndor como un acuerdo ilícito regional, que implicaba la coordinación para intercambiar información y prisioneros y realizar operativos conjuntos. Este plan comenzó en noviembre de 1975 con una reunión en Santiago de Chile. La SIDE, como organismo encargado de la coordinación, tenía acceso a mucha información sobre el Plan; en 1977, su titular, Carlos Laidlaw, dirigió la operación.
Alejandrina Barry, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), es una de las víctimas del Plan. El 15 de diciembre de 1977, una patota de la ESMA la secuestró en Uruguay, donde estaba con sus padres y compañeros. Tras el asesinato de sus padres, Alejandrina fue retenida y su imagen fue utilizada en revistas para afirmar que era una víctima de sus padres militantes, sin mencionar su muerte.
En 2012, Alejandrina logró que la entonces Secretaría de Inteligencia confirmara que tenía documentación sobre su familia, tras un pedido del juez Sergio Torres en la causa de la ESMA.
En julio, ante rumores de una reforma en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por parte de Javier Milei, Alejandrina solicitó que se preservara toda la documentación relacionada. En ese momento, no anticipaba que Milei propondría cambios drásticos en el sistema de inteligencia.
“Myriam Bregman, abogada de Alejandrina, destacó que la resolución de Casanello y el dictamen de Ochoa subrayan la necesidad de preservar los archivos del Estado vinculados a la dictadura militar. A lo largo de los años, hemos luchado por la apertura de esos archivos, y en algunos casos hemos logrado acceder a parte de ellos. Esta resolución tiene un impacto más amplio al considerar toda la causa, lo que podría facilitar el acceso a la información”, señaló Bregman.
Durante años, la SIDE había negado tener información, pero esto cambió con la intervención de Cristina Caamaño, quien impulsó un programa para gestionar los documentos desde la creación de la agencia hasta el 9 de diciembre de 1985.
Bajo el gobierno del Frente de Todos, se enviaron documentos a los juzgados, en particular al de Daniel Rafecas, que investiga el rol de la SIDE en centros clandestinos de detención.
Sin embargo, la administración de La Libertad Avanza ha intentado dificultar el acceso a archivos sobre graves violaciones a los derechos humanos. Luis Petri, en Defensa, desmanteló equipos que recopilaban documentación, mientras que Patricia Bullrich se opuso a proporcionar información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Milei incluso desmanteló una unidad especial de investigación y derogó un decreto que permitía el acceso a archivos relacionados con bebés robados durante la dictadura.
Desde la Cámara Federal de Casación, se ha recomendado a los tribunales preservar tanto la documentación como los lugares donde ocurrieron estos crímenes, en respuesta a las denuncias de negacionismo por parte de víctimas y organismos de derechos humanos.