La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal determinó que el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan se realice en la jurisdicción federal de Santa Cruz. La decisión fue adoptada por mayoría, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, mientras que su colega Javier Carbajo se pronunció en disidencia.

El fallo hizo lugar al pedido de la querella mayoritaria -representada por la abogada Valeria Carreras- y de las defensas oficiales de dos de los procesados, tras considerar que en Santa Cruz se encuentra el “juzgado natural” de la causa.

Los magistrados remarcaron que toda la instrucción judicial se llevó adelante en la jurisdicción federal de Comodoro Rivadavia y que, en ese marco, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz había prevenido en la causa.

Para el juez Hornos, “la ley es nítida al determinar que la competencia territorial por hechos delictivos ocurridos en alta mar corresponde al juez del primer puerto argentino al que arribe el buque”. Sin embargo, agregó que “en este caso, la tragedia radica en que, tristemente, el submarino ARA San Juan no arribó a puerto alguno, por lo que corresponde seguir la regla subsidiaria y mantener la competencia del tribunal que previno”.

Borinsky acompañó este criterio, al señalar que “mantener la actual competencia se presenta como la alternativa que asegura la mejor y más pronta administración de justicia, conforme al principio de economía procesal”.

En disidencia, el juez Carbajo sostuvo que el debate oral debía realizarse en Mar del Plata, al coincidir con los argumentos del fiscal Mario Villar y de la querella que representa Luis Tagliapietra, también familiar de una de las víctimas. Según esa postura, la implosión del submarino se produjo a más de 200 millas náuticas de Caleta Olivia, mientras que varias de las víctimas residían en Mar del Plata.

Aun así, Carbajo aclaró que su planteo “no implica invalidar lo actuado en la jurisdicción federal de origen”, y reconoció la validez de la prueba reunida durante la instrucción en Santa Cruz.

La causa investiga las responsabilidades penales por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017, cuando la nave desapareció con 44 tripulantes a bordo durante una misión en el Atlántico Sur.

Están procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo -entonces comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada-, el capitán de navío Claudio Villamide, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa.

Con esta resolución, la Justicia confirmó que será el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz el encargado de llevar adelante el juicio oral, en un proceso que busca determinar las causas y las responsabilidades de una de las mayores tragedias navales de la historia reciente argentina.