El reciente anuncio del Estado Nacional sobre la venta de inmuebles públicos evoca una nuevamente a ya conocida (y sufrida) estrategia de “vender las joyas de la abuela”.
El decreto 950/2024, publicado el 25 de octubre, detalla la intención de enajenar terrenos baldíos, propiedades, y hectáreas enteras en manos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). En el mismo, aparecen en 309 parcelas nuevas, que se le agregan al proceso de venta inconcluso que había iniciado el macrismo, ya que el artículo 1 incorpora todos los inmuebles puestos en venta entre el 2015-2019 que hoy aparecen en la web de la AABE como "subastas futuras".
Para dimensionar, en la provincia de Mendoza venden una parcela de más de 13.000 hectáreas de la cordillera en zona limítrofe con Chile y otra de la misma provincia de más de 5.000 hectáreas en la localidad de San Carlos. ¿Habrá otro Lewis interesado en hacer algún lago escondido? Tengamos en cuenta que la administración del gobierno de Mauricio Macri también realizó ventas de inmuebles del Estado, en su mayoría pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de todas maneras terminó solicitando crédito al Fondo Monetario Internacional. Luego de esa experiencia el Estado Argentino se quedó con menos bienes y más deudas.
Es tal la magnitud de la propuesta de venta de bienes públicos del gobierno de Javier Milei, que dentro del listado se encuentran dos sitios históricos de memoria que fueron centros clandestinos durante la dictadura cívico-militar de 1976.
Estamos hablando del predio del excentro clandestino de detención y torturas La Perla Chica en la provincia de Córdoba, que funcionaba como un anexo del centro clandestino de detención La Perla y el terreno donde funcionó el centro clandestino de detención La Huerta en la localidad de Tandil.
Miremos nuestro metro cuadrado. ¿Qué pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? A pesar de creciente problemática de vivienda y la rivalidad sobre bienes públicos y comunitarios limitados, se pusieron en venta 22 propiedades a partir del Decreto 950/2024 y se encuentran en la web ya de la AABE anunciadas como “subastas futuras” unas 24 parcelas más. En el mapa de abajo pueden ver estos puntos.
Este acto no solo pone en riesgo el patrimonio estatal, sino que también plantea serios interrogantes sobre la planificación urbana y la gestión de los espacios públicos en un contexto donde la demanda habitacional y social es crítica. Los inmuebles, en particular la tierra urbana, son herramientas esenciales para la planificación de las ciudades y la resolución de problemáticas sociales. La capacidad de proyectar escenarios deseados y de incidir en el mercado del suelo depende, en gran medida, de cómo se administran estos recursos. Sin embargo, la propuesta actual parece ir en sentido contrario, promoviendo un desguace integral que se traduce en la pérdida de espacios estratégicos.
Al observar las propiedades listadas para la venta, se evidencia una concentración en las zonas de mayor valor del suelo: Palermo, Belgrano, Recoleta, Puerto Madero y el área central. Esta tendencia no solo es alarmante desde un punto de vista económico, sino que también pone en riesgo la diversidad urbana y la accesibilidad a espacios que podrían ser utilizados para fines comunitarios.
Entre los inmuebles destacados se encuentran edificios que albergaron organismos estatales, remanentes de espacios infraestructurales y propiedades con valor patrimonial. La venta de estos activos, que incluyen desde un antiguo edificio del INTA (Cerviño 3101) hasta predios vacíos en áreas centrales, refleja una lógica de desmantelamiento que ignora el potencial que estos espacios tienen para el bienestar social y cultural de la ciudad.
Algunos casos nos recuerdan que los espacios son parte de nuestra historia e identidad colectiva. Pensemos por ejemplo en la venta del inmueble que ocupaba el ex Ministerio de la Mujer (Cochabamba y Huergo) , o el predio frente a la Plaza del Congreso, en Rivadavia 1675, de 1700 m2 y a unos metros del Cine Gaumont, asignado al ex Ministerio de Cultura para un futuro espacio de “Reservas y Conservación del Museo Nacional de Bellas Artes”. Su venta no solo representa una pérdida material, sino también un empobrecimiento de la vida urbana.
La propuesta de subastas futuras por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) deja entrever que la tendencia hacia la enajenación de bienes públicos podría extenderse, lo que plantea un escenario preocupante para el futuro de nuestras ciudades. La comunidad debe estar alerta y exigir una reflexión crítica sobre este proceso, que, más que una solución económica, podría ser un retroceso en nuestra capacidad de construir una ciudad más equitativa y accesible.
En un momento en que la participación ciudadana y la planificación urbana sostenible son más necesarias que nunca, el Estado debe reconsiderar sus prioridades y optar por modelos de gestión que valoren el patrimonio público en lugar de sacrificarlo en aras de un beneficio inmediato.
Economista, Directora del Banco Ciudad.