La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció que su Gobierno aplicará una política de “firmeza para recuperar el orden” frente al avance de la delincuencia y el crimen organizado. Para definir su estrategia de seguridad, la mandataria tomó como referencia algunas de las medidas implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
La seguridad fue uno de los principales ejes de la campaña de Fujimori y volvió a ocupar un lugar central tras su llegada al poder. La nueva administración busca reforzar la respuesta del Estado frente a delitos como las extorsiones, el sicariato, el narcotráfico y el crimen organizado.

Entre las propuestas que Fujimori había planteado se encuentra la construcción de cuatro nuevos establecimientos penitenciarios y un megapenal destinado a internos considerados de alta peligrosidad, tomando como referencia el modelo aplicado en El Salvador.
La estrategia inspirada en Bukele
El Gobierno peruano analiza algunas de las medidas impulsadas por Bukele, cuya política de seguridad se basó principalmente en una ofensiva contra las pandillas, el despliegue de fuerzas de seguridad y un fuerte incremento de las detenciones.
Uno de los símbolos de esa estrategia es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad construida por el Gobierno salvadoreño para alojar a integrantes de organizaciones criminales.

Fujimori había planteado durante la campaña la posibilidad de desarrollar una infraestructura penitenciaria similar para alojar a delincuentes de alta peligrosidad y reforzar el control dentro de las cárceles.
La propuesta también contempla fortalecer la vigilancia de las fronteras, mejorar las herramientas de inteligencia y aumentar la presencia de las fuerzas de seguridad en las zonas consideradas más afectadas por el delito.
Las Fuerzas Armadas, otro eje del plan
Dentro de las medidas anunciadas también aparece un mayor protagonismo de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas con la seguridad.
La presidenta planteó que los militares puedan participar en el control de las fronteras y colaborar en operaciones destinadas a combatir actividades vinculadas con el narcotráfico y el crimen organizado.
En las zonas declaradas en estado de emergencia, el Gobierno busca además reforzar las operaciones de seguridad y coordinar el trabajo entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El objetivo planteado por Fujimori es recuperar el control territorial y fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales.
Un modelo que genera debate
La estrategia de Bukele se convirtió en una referencia para distintos sectores políticos de América Latina, especialmente por la fuerte reducción de los índices de violencia registrados en El Salvador.
Sin embargo, también generó cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos por las detenciones masivas, las condiciones de encarcelamiento y las denuncias sobre vulneraciones de garantías constitucionales.
En Perú, la decisión de Fujimori de tomar ese modelo como referencia abre un nuevo debate sobre hasta dónde debería llegar la respuesta del Estado frente al crecimiento del crimen organizado y cuál será el equilibrio entre seguridad, control territorial y respeto por las garantías individuales.
Por ahora, la nueva administración peruana coloca la lucha contra la delincuencia entre sus prioridades y anticipa un endurecimiento de las políticas de seguridad, con el modelo salvadoreño como uno de sus principales puntos de referencia.