En una jornada maratónica en los tribunales de Comodoro Py, la defensa de Brenda Uliarte, acusada como partícipe necesaria en el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, solicitó su absolución. En su alegato, el defensor oficial Eduardo Chittaro argumentó que durante el debate oral y público “no se pudo acreditar” la responsabilidad penal de su defendida, y cuestionó duramente los informes periciales que determinaron su aptitud para ser juzgada.
“No puede pensar claramente lo que pasó en este debate, ni lo que está pasando en este mismo momento”, expresó Chittaro al referirse a la situación psicológica de Uliarte. Según su defensa, la joven de 23 años presenta una incapacidad sobreviniente que debería conducir a su exculpación. Además, impugnaron las conclusiones forenses que aseguraron que Uliarte simulaba síntomas de trastornos mentales.
La defensa intentó desvincularla del plan criminal, asegurando que Uliarte no consiguió el arma, no transportó la pistola, no enseñó a disparar a Fernando Sabag Montiel —autor material del hecho— ni tuvo una participación activa en la ejecución. “¿No será que Uliarte se sorprendió de lo que hizo Sabag?”, planteó su abogado, citando una declaración del imputado donde él mismo habría dicho: “Ella no estaba tan segura de lo que yo podía hacer”.
El alegato también apuntó a revertir los agravantes por los que la fiscalía pidió 14 años de prisión, especialmente el de violencia de género. Chittaro fue tajante: “Esperamos que vuestras excelencias no tengan el privilegio de ser los primeros jueces de la República Argentina en condenar a una mujer por un femicidio, en este caso en grado de tentativa”.
Otro de los puntos fuertes del argumento defensivo fue la supuesta imposibilidad de que el disparo se concretara, ya que la pistola utilizada no tenía munición en la recámara. “La bala no podía salir, que es algo muy distinto a decir que no salió. La diferencia es fundamental”, remarcó.
En paralelo, se repasó el historial personal y emocional de Uliarte: una vida atravesada por violencia de género, problemas familiares y la pérdida de un hijo. En caso de que el tribunal decidiera condenarla, su defensa solicitó que la pena no exceda los 10 años si se la considera coautora o partícipe necesaria, y no más de 5 años si se la halla culpable como partícipe secundaria.
Más temprano, también alegó la defensa de Nicolás Carrizo, quien fue absuelto recientemente y recuperó la libertad tras casi tres años en prisión preventiva. Carrizo, conocido como “el jefe de los Copitos”, había sido acusado de participar en la planificación del ataque, pero tanto la fiscalía como la querella desistieron de continuar la acusación por falta de pruebas.
“¿Quién entrega voluntariamente al fiscal un celular que contiene la prueba con la que termina procesado?”, se preguntó su abogado Gastón Marano, intentando reforzar la tesis de que su cliente nunca intentó ocultar nada.
Con los alegatos concluidos, el Tribunal Oral Federal N° 6, integrado por los jueces Sabrina Namer, Ignacio Fornari y Adrián Grünberg, anunció que el 8 de octubre se dará a conocer el veredicto, tras escuchar las últimas palabras de los acusados.