Luego de entregar este lunes un documento que señala las graves consecuencias que padecen los distritos por el incumplimiento de los deberes de funcionario público del ministro Luis Caputo, la Federación Argentina de Municipios ultima detalles con sus asesores letrados para denunciar en la justicia al ministro por malversación de caudales públicos si no obtiene pronta respuesta al pedido de los intendentes de comenzar a trabajar en conjunto para normalizar el flujo de fondos, que el gobierno no les transfiere para obras viales por el impuesto a los combustibles.
El artículo 19 de la ley 23.966, modificada por ley 27.430, establece que un porcentaje de lo recaudado por el impuesto a los combustibles tiene afectación específica al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. La ley determina que el fideicomiso puede aplicar hasta el 20% de lo recaudado en infraestructura ferroviaria, debiendo invertir el porcentaje restante en obras viales, conforme se específica en el decreto 976/2001
Intendentes, contra el carry trade
Los alcaldes analizaron los perjuicios que causa la retención indebida de recursos que el gobierno lleva adelante, lo que configura en principio el delito de malversación de caudales públicos. "Caputo está reteniendo, entre otras cosas, dinero del Impuesto a los Combustibles que debe ser utilizado para reparar y mejora la red vial nacional. Ese dinero se destina a la especulación financiera vía emisión y pago de bonos, con intereses altísimos, compra de dólares y, fundamentalmente, favorecer el carry trade y la especulación financiera”, sostuvo un intendente ante la consulta de Ámbito.
De acuerdo con el análisis de los expertos de la FAM, el año pasado el gobierno recaudó para el fideicomiso de infraestructura de transporte 3.5 billones de pesos. De esa cifra, aproximadamente el 80% va para el fideicomiso de mantenimiento de rutas y de esa suma, otro 80% va para obras viales. Eso significa que a Vialidad debería haber transferido $2.25 billones, pero, según los propios números de Economía, a Vialidad se le transfirieron sólo $1.2 billones. Es decir, $1.15 billones se dedicaron a otros fines, con muchos indicios de que podrían haber ido al circuito financiero. Sobre esa base sería la denuncia por malversación de caudales públicos.
En la reunión en la sede de la FAM durante la tarde del lunes, una comisión encabezada por su titular, Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, y con integración de jefas y jefes comunales de todo el país pertenecientes al peronismo, partidos vecinalistas, radicales y de Juntos por el Cambio, decidió avanzar con el frente judicial si no tienen una convocatoria del gobierno con carácter de urgente.
Los desvíos de Luis Caputo
Al mismo tiempo, en otros círculos trascendió que en la Casa Rosada existe honda preocupación por eventuales denuncias por estos desvíos, ya que hay información de que Comodoro Py, donde el oficialismo enfrenta varios frentes judiciales adversos, está investigando este tipo de maniobras. Por otra parte, en el documento presentado por los intendentes en Economía se establece que, desde el 1 de enero de este año y hasta el 31 de marzo último, el Gobierno Nacional recaudó 1,5 billones de pesos por el Impuesto a los Combustibles y no lo está utilizando para bajar el precio de la nafta o el gasoil ni para hacer obras en rutas.
“Es evidente que Caputo y su equipo están desviando fondos que son de nuestros vecinas y vecinos a actividades de especuladores financieros que ganan fortunas apretando un botón y con el gobierno actuando como seguro de cambio para que no corran riesgos”, agregó uno de los miembros de la FAM. “La situación es tan apremiante, porque los recursos se acaban, que pedimos sentarnos a trabajar en conjunto para alcanzar soluciones que mejoren la espantosa situación que observamos en nuestras comunidades. Pero si no somos escuchados, no tenemos más opción. Entendemos que no es una solución para la gente, lo tenemos claro. Por eso apelamos al llamado al diálogo, aunque el gobierno da señales permanentes de no escuchar.”, concluyó la fuente.