En una sesión extraordinaria y de carácter reservado, la Cámara de Diputados de Santa Cruz confirmó este martes la designación de Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De La Vega como nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Con estas incorporaciones, el cuerpo alcanza los nueve integrantes previstos tras la reciente reforma judicial impulsada por el gobernador Claudio Vidal.

La sesión, desarrollada en medio de un clima de fuerte tensión institucional, permitió al oficialismo concretar la ampliación del máximo órgano judicial de la provincia, una medida cuestionada por sectores opositores y del propio Poder Judicial, que plantearon dudas sobre la constitucionalidad de la ley que elevó de cinco a nueve los miembros del Tribunal.

La designación de Contreras Agüero y De La Vega se suma a la de Sergio Acevedo y José Antonio González Nora, aprobadas la semana pasada. De esta manera, el Ejecutivo avanza en su plan de reconfigurar la estructura del TSJ, aunque el proceso continúa atravesado por fallos y presentaciones judiciales que podrían incluso llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La principal incógnita ahora gira en torno al acto de juramento de los nuevos vocales, ya que persiste la disputa sobre la validez de las designaciones y la autoridad competente para tomar juramento. Esto se debe a que los cuatro vocales que integraban el Tribunal antes de las últimas incorporaciones, y que desconocen la asunción de Acevedo y González Nora, resolvieron designar a Reneé Fernández como nueva presidenta del cuerpo.

El tratamiento legislativo se dio en el marco de la Ley N° 3949, sancionada el pasado 28 de agosto, que amplió la composición del TSJ con el objetivo de “dotar de mayor operatividad al sistema judicial”. Sin embargo, su aplicación desató una intensa disputa institucional entre los poderes Ejecutivo y Judicial.

En paralelo, quedó pendiente para el trabajo en comisiones el debate sobre el proyecto que propone la reincorporación de Eduardo Sosa como Procurador General. La iniciativa, presentada por el diputado Pedro Luxen a instancias del gobernador Vidal, busca restituir en su cargo al exprocurador removido en 1995 durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuando se modificó la estructura del Ministerio Público.

El caso Sosa, que representa uno de los conflictos históricos más prolongados en la justicia santacruceña, podría así dar un nuevo paso hacia su resolución, en el marco de la política del actual gobierno provincial de “reparar deudas institucionales” y promover una justicia independiente.