El hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, será juzgado por presunto tráfico de influencias y prevaricación en el marco de una causa que investiga su contratación en 2017 por parte de una institución pública en la provincia de Badajoz, en el sudoeste de España.
David Sánchez, que desde ese año se desempeña como responsable de la oficina de Artes Escénicas de la diputación provincial, será enjuiciado junto a otras diez personas, entre ellas el secretario general del Partido Socialista en Extremadura.

La decisión fue tomada por la jueza de instrucción Beatriz Biedma, quien resolvió continuar con el proceso a pesar de que la fiscalía había solicitado archivar la causa. Según medios españoles, los fiscales argumentaron que la investigación se basaba en “conjeturas”.
La causa que compromete a David Sánchez se inició en junio de 2024 a partir de una denuncia del colectivo Manos Limpias, vinculado a sectores de la extrema derecha. El grupo cuestionó la legalidad del proceso de contratación y denunció que el puesto habría sido creado a medida para el hermano del mandatario socialista.
En una resolución previa, la jueza sostuvo que “existen indicios” de que David Sánchez habría utilizado influencias dentro de la Diputación de Badajoz, gobernada por el Partido Socialista, “para obtener un beneficio propio”.
“A sabiendas de que el puesto se había creado para él, se presentó a la convocatoria, e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento”, afirmó la magistrada.
Si bien la convocatoria fue en 2017, el cargo se había creado un año antes, aunque fue cubierto pocos días después de que Pedro Sánchez fuera reelegido como secretario general del PSOE, entonces en la oposición.
Este nuevo frente judicial se suma a otras investigaciones que sacuden al entorno más cercano del presidente español. Su esposa, Begoña Gómez, está bajo sospecha por presunta corrupción y tráfico de influencias, mientras que el fiscal general del Estado, también designado por el Ejecutivo, enfrenta causas abiertas.
Desde la oposición, las críticas no tardaron en llegar. Cuca Gamarra, número dos del Partido Popular (PP), exigió una respuesta institucional urgente: “Sánchez no debería demorar ni un minuto más la convocatoria de elecciones para que los españoles se pronuncien acerca de la degradación institucional y moral de este gobierno”.
En tanto, el presidente del Gobierno denunció públicamente que todos estos procesos forman parte de una campaña orquestada por la derecha y la ultraderecha para socavar la estabilidad de su administración.