Tras la publicación del resultado fiscal al cierre del primer semestre, los analistas privados señalaron que el superávit acumulado hasta junio quedó por debajo de la meta comprometida por el Gobierno ante el FMI.
La próxima auditoría del organismo está planificada para fines de este mes y se hará sobre los datos de la primera mitad del año. Su aprobación destrabaría un desembolso de más de US$680 millones.


Justamente, el 27 de julio la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, visitará Buenos Aires. Si bien la funcionaria no forma parte de los equipos técnicos que se ocupan de los números finos de cada revisión, es probable que el Gobierno le anticipe el desvío y le pida que disculpe el incumplimiento a través de un waiver para asegurar el giro.
“El superávit primario acumulado bajo la metodología del FMI alcanzó $6,3 billones a junio, por debajo de la meta de $6,861 billones establecida para fines de ese mes, lo que sugiere que el Gobierno no cumplió con ese objetivo”, detalló el reporte matutino de Max Capital.
En esa sintonía se manifestó Grupo SBS a través de un informe: “Excluyendo los ingresos extraordinarios, la meta fiscal del primer semestre con el FMI está incumplida por aproximadamente $573.970 millones, aunque no creemos que esto genere ningún inconveniente en la próxima revisión”.


Tras la última revisión del acuerdo con el FMI, el Gobierno aflojó la meta fiscal para 2026: el superávit comprometido pasó de 2,2% a 1,4% del PBI. Los analistas de Max Capital consideraron que la meta anual todavía se puede alcanzar si las cuentas públicas tienen un desempeño mejor al previsto durante el segundo semestre.
El creciente deterioro real de la recaudación por el rezago que muestra el nivel de actividad es el obstáculo que el equipo económico deberá sortear si quiere cumplir con la meta anual. “La baja persistente de los ingresos impone un desafío mayor para cumplir con el compromiso en tanto exige un mayor ajuste sobre el gasto”, advirtió la consultora LCG.
Para los analistas de esa compañía, aunque el Gobierno tenga la voluntad oficial de cumplir con la meta, la magnitud, la composición y la tolerancia social del esfuerzo fiscal necesario para hacerlo podrían significar un costo para el Gobierno.
En ese equilibrio complejo, señaló LCG, el Ministerio de Economía tomó ciertas decisiones que dejaron a la vista la preocupación oficial por el costo del ajuste:
Anunció una baja menor de retenciones, concentrada en trigo y cebada, mientras postergó hasta 2027 la reducción de los derechos de exportación sobre la soja y subproductos.
Aplazó hasta noviembre la puesta en marcha de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que desvían aportes patronales que antes llegaban al Estado y ahora irán a inversiones en el mercado.
Apeló a la contabilidad creativa para reconocer una deuda con la Ciudad de Buenos Aires.