El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, desplazó este viernes al ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza. La remoción se oficializó luego de que el Parlamento votara su censura el martes pasado por no asistir a rendir cuentas sobre las políticas del oficialismo frente a la crisis económica.


Cabe precisar que la destitución se hizo efectiva mediante un decreto publicado en la Gaceta oficial de Bolivia, en el que se nombró de forma interina como ministro de Economía al titular de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Oscar Mario Justiniano.


Espinoza fue censurado el martes por el Congreso tras su inasistencia a una citación para explicar las políticas del Gobierno frente a la crisis económica nacional, lo que supondría su destitución, tal como lo establece la Constitución vigente desde 2009.
El ministro Espinoza había solicitado postergar la citación alegando compromisos oficiales en Santa Cruz y Brasil. Sin embargo, el Congreso rechazó su pedido y 91 de los 129 legisladores presentes votaron a favor de la censura.
La norma responde a la Ley 1350, que regula los alcances de la censura parlamentaria: una vez notificado formalmente el Poder Ejecutivo, el presidente dispone de un plazo máximo de 24 horas para efectivizar la remoción del ministro.


El martes, el Gobierno sostuvo que la resolución de censura emitida por el Legislativo "es inconstitucional", al interpretar que la Constitución indica que se debió hacer con dos tercios de los miembros de la Asamblea y no solo de los parlamentarios que asistieron a la sesión, como ocurrió en este caso.
Bajo ese mismo planteo, Espinoza confirmó que acudirá al Tribunal Constitucional para revisar la validez jurídica de la censura y frenar su inminente destitución.
Según el decreto oficial, el caso derivó en un amparo constitucional cuya audiencia fue fijada para el 24 de agosto por la Sala Constitucional Tercera de El Alto.
El texto aclara que, en la documentación remitida al Ejecutivo sobre la citada audiencia, no se especifica "la existencia de una medida cautelar, determinación o disposición expresa que suspenda los efectos de la referida resolución de censura".
Debido a ello, al cumplirse el plazo fijado en la Ley 1350, el decreto afirma que "corresponde disponer la destitución del ministro de Economía y Finanzas Públicas censurado, sin perjuicio de las determinaciones" que disponga la Sala Constitucional respecto a la resolución de censura, y además para garantizar la continuidad del funcionamiento de esa cartera de Estado.