El Gobierno nacional descartó abrir nuevas negociaciones con las universidades públicas tras la quinta Marcha Federal Universitaria desde 2024 y ratificó que la discusión por los fondos se resolverá en el Congreso, durante el debate del Presupuesto 2027. En respuesta, las autoridades universitarias alertaron sobre el deterioro de las condiciones salariales y materiales y advirtieron que, si no hay soluciones, el próximo ciclo lectivo podría estar en riesgo.
La movilización se realizó este jueves en distintos puntos del país, con la participación de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, rectores y organizaciones sociales, políticas y sindicales, en reclamo por el financiamiento del sistema universitario y la actualización de los recursos destinados a las instituciones.


Según estimaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la convocatoria alcanzó a un millón de personas. Sin embargo, el cierre de la jornada quedó marcado por incidentes frente al Congreso, donde un grupo de manifestantes encapuchados se enfrentó con efectivos de seguridad. Los episodios derivaron en más de 30 detenciones y una denuncia del Ministerio de Seguridad.
Desde la Casa Rosada calificaron la protesta como una “marcha política” y cuestionaron la participación de dirigentes del kirchnerismo, la izquierda y sectores sindicales. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, también criticó los disturbios y sostuvo que una movilización puede partir de un reclamo legítimo y, al mismo tiempo, derivar en situaciones de violencia.
El Gobierno descarta una mesa de diálogo

Tras la movilización, fuentes oficiales aseguraron que la protesta no modificó la posición del Ejecutivo. “No hay ninguna negociación de nada. No recibimos a nadie”, señalaron, al tiempo que cuestionaron la representatividad de la conducción del CIN y la participación de rectores en la marcha.
La administración nacional afirmó que buscará mantener vínculos con cada universidad de manera individual, a través de sus autoridades, y descartó establecer una instancia de negociación colectiva. En esa línea, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibió esta semana a representantes de la Universidad Nacional de Tucumán junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
El Ejecutivo sostiene que el debate sobre el financiamiento deberá darse en el Congreso, donde comenzó la discusión del Presupuesto 2027. De acuerdo con las cifras consignadas en el proyecto oficial, el Gobierno prevé destinar cerca de 7,3 billones de pesos a las universidades, mientras que el CIN reclama más de 11 billones de pesos para atender las necesidades del sistema.
Desde el Gobierno insistieron en que la asignación de recursos debe respetar el objetivo de equilibrio o superávit fiscal y anticiparon que buscarán los votos necesarios mediante acuerdos con bloques aliados y gobernadores.
Las universidades advierten sobre un escenario crítico
Del lado de las instituciones educativas, la falta de interlocutores y de respuestas concretas genera preocupación. Referentes de la comunidad universitaria advirtieron que el conflicto puede profundizarse si no se adoptan medidas para recomponer los salarios y garantizar el funcionamiento de las casas de estudio.
“Hoy no hay ningún diálogo. Esta semana demostraron, con la virulencia y todos los ataques, poca voluntad para dialogar”, señaló una fuente del sector citada por TN, que también cuestionó la ausencia de responsables con capacidad de resolver el conflicto.
Entre las autoridades universitarias describen un clima de creciente tensión y alertan sobre la posibilidad de nuevas medidas de fuerza. “La universidad es una olla a presión, es inevitable. Esto no arranca el año que viene si no se resuelve”, advirtieron, en referencia al deterioro de las condiciones salariales y materiales y al malestar de la comunidad educativa.
La disputa por el financiamiento, entre la Justicia y el Congreso
El conflicto se centra en la Ley de Financiamiento Universitario, promulgada por el Gobierno después de que el Congreso insistiera con su aprobación pese al veto presidencial. La norma establece mecanismos de actualización para salarios y becas, pero el Ejecutivo condicionó su aplicación a la identificación de las fuentes de financiamiento.
En diciembre de 2025, el juez federal Martín Cormick dictó una medida cautelar para aplicar los artículos vinculados con la actualización salarial y las becas. La decisión fue ratificada por la Cámara, mientras que el Gobierno llevó el caso ante la Corte Suprema, que el 25 de junio rechazó el recurso por considerar que no estaba dirigido contra una sentencia definitiva.
Posteriormente, Cormick ordenó el cumplimiento integral de la ley. El Ministerio de Capital Humano apeló esa decisión y la disputa judicial continúa.
Mientras tanto, las universidades consideran que el Congreso puede ofrecer una salida más inmediata al conflicto. Sus autoridades reclaman incorporar los recursos necesarios para cumplir la ley en el Presupuesto 2027 y aseguran que buscarán respaldo de la oposición y de gobernadores para impulsar esa modificación.
Sin embargo, también reconocen el riesgo de que, aun si logran aprobar una partida presupuestaria, el Presidente decida vetarla, lo que reabriría la disputa.
Con el diálogo entre el Gobierno y las universidades prácticamente paralizado, el financiamiento quedó concentrado en dos frentes: la discusión judicial sobre el cumplimiento de la ley y la negociación parlamentaria del Presupuesto 2027. Las autoridades universitarias esperan obtener una respuesta antes de fin de año y advierten que, de no conseguirla, el próximo ciclo lectivo podría comenzar con nuevas protestas y medidas de fuerza en todo el país.