El organismo presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue posibles inconsistencias entre los trabajos certificados y el estado actual del edificio. La obra había sido financiada con fondos nacionales durante 2022 y 2023.

El Consejo Provincial de Educación (CPE) resolvió impulsar una denuncia penal para que la Justicia investigue presuntas irregularidades en la ejecución, certificación y recepción de las obras realizadas en la Escuela de Biología Marina y Laboratorista (EBIMAL) N° 1 de Caleta Olivia, luego de detectar diferencias entre las tareas certificadas y la situación edilicia actual del establecimiento.

La medida fue adoptada tras los problemas de infraestructura registrados en la institución, que derivaron en la suspensión de actividades y en reiterados reclamos de la comunidad educativa por inconvenientes relacionados con la falta de agua, deficiencias en el sistema de calefacción y otras falencias edilicias.

Investigan obras certificadas como finalizadas

La investigación administrativa se centra en una obra financiada con fondos nacionales y ejecutada durante 2022 y 2023, correspondiente, entre otros, al Expediente 683460/2022, adjudicado a la empresa José Adrián Ascar.

De acuerdo con la documentación oficial, el proyecto contemplaba la construcción de un cerco perimetral, una cisterna, la pintura exterior del edificio, la instalación de iluminación exterior y la construcción de una nueva oficina.

La inversión superó los 22 millones de pesos y la obra fue certificada como finalizada mediante un Acta de Recepción Definitiva firmada en junio de 2023.

Sin embargo, los primeros relevamientos realizados por equipos técnicos del CPE señalaron que parte de esas intervenciones no se encontrarían ejecutadas o no cumplirían con los objetivos previstos. Además, las autoridades indicaron que las facturas derivadas de las certificaciones cuentan con la firma de aval del entonces director provincial de Educación Técnica Profesional, Rodrigo Gojan.

Los informes técnicos motivaron la presentación judicial

Durante las inspecciones realizadas por la Subsecretaría de Infraestructura Escolar, los profesionales informaron que no pudieron constatar la existencia de varias de las obras incluidas en el proyecto, entre ellas el cerco perimetral, la reparación o construcción de la cisterna, las luminarias exteriores y la nueva oficina.

En el establecimiento únicamente se observaron trabajos de pintura exterior que, según las autoridades escolares, habrían sido realizados durante 2022.

A su vez, una auditoría de la Subsecretaría de Unidad de Control Interno detectó observaciones sobre el procedimiento administrativo de contratación, entre ellas inconsistencias en la secuencia licitatoria, diferencias en los plazos contractuales y aspectos vinculados a la documentación respaldatoria de pagos y certificaciones.

La Justicia deberá determinar las responsabilidades

A partir de estos antecedentes, el Consejo Provincial de Educación resolvió promover una denuncia para que la Justicia determine si existieron responsabilidades administrativas, civiles o penales por parte de quienes intervinieron en la ejecución, certificación y recepción de la obra.

Desde el organismo señalaron que el objetivo es garantizar el correcto uso de los recursos públicos destinados a infraestructura escolar y esclarecer si existieron irregularidades en una obra financiada íntegramente con fondos nacionales.

Asimismo, el Gobierno Provincial ratificó que continuará revisando las obras ejecutadas con financiamiento público y aseguró que, de comprobarse incumplimientos, impulsará las acciones correspondientes para que los responsables respondan ante la Justicia.