Veintiún efectivos que se desempeñaban en la Brigada de Investigaciones N° 2 de Orán fueron separados de sus funciones luego de detectarse un faltante de dinero en efectivo que había sido secuestrado meses atrás por orden judicial.

Tras conocerse el hecho, todo derivó en una investigación penal y administrativa paralela. Según confirmaron fuentes oficiales, la suma bajo resguardo ascendía a 62 millones y medio de pesos, correspondientes a un procedimiento realizado en abril de este año con la intervención de la Fiscalía de Orán, por un robo.

El dinero se encontraba almacenado en dependencias de la Brigada de Investigaciones por disposición fiscal, a la espera de ser devuelto a sus propietarios. Sin embargo, cuando se dispuso la restitución a los dueños de la plata, se constató la ausencia de al menos la mitad del, lo que motivó la inmediata intervención de la Fiscalía Penal 1 de Orán, a cargo de Daniela Murua.
En diálogo con El Tribuno, el jefe de la Policía de Salta, dijo: "Al tomar conocimiento de que en la Brigada de Investigaciones N° 2 faltaba cierta cantidad de dinero que debía ser entregada a las personas afectadas, inmediatamente se informa a la fiscalía de turno sobre esa situación", explicó Bustos.

El jefe policial detalló que en esa unidad especial trabajaban 20 efectivos, además del oficial responsable del secuestro del dinero, quien recientemente había sido trasladado a la ciudad de Pichanal. "Todos fueron suspendidos de manera automática para garantizar la transparencia en la investigación. Nosotros actuamos de inmediato y dejamos que la Fiscalía avance con sus pericias", precisó.
Las medidas
La suspensión preventiva busca evitar cualquier interferencia en el proceso judicial y permitir que los investigadores actúen sin condicionamientos. "En casos similares hemos hecho lo mismo. Cuando se detecta una irregularidad de esta magnitud, la prioridad es preservar la transparencia y la credibilidad de la institución", añadió Bustos.
Bustos señaló que en la Brigada no quedó ningún efectivo en funciones tras el hallazgo. "Todos fueron suspendidos. En su lugar, llevamos personal de otras brigadas de investigaciones para que se hagan cargo tanto de las actuaciones como de las personas detenidas que se encontraban en esa unidad", explicó.
El jefe policial confirmó además que uno de los oficiales fue detenido por disposición fiscal. "Este hombre había recibido el oficio judicial para la entrega del dinero y no cumplió con la orden. Por eso la Fiscalía dispuso su detención", indicó.
La investigación judicial
Desde el Ministerio Público Fiscal se informó que la fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murua, imputó al oficial detenido por los delitos de hurto calificado con llave retenida, en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la causa, el funcionario policial tenía a su cargo la custodia de los fondos vinculados a una causa penal en trámite, y habría retenido una llave del cofre de seguridad donde se encontraba el dinero. Esa acción le permitió, presuntamente, acceder a los bienes y sustraer parte de la suma sin autorización.
Cabe recordar que en la Brigada en cuestión hay personas detenidas.
"Nosotros, como institución, no vamos a permitir esto"
La denuncia se originó a partir del testimonio de personal jerárquico de la propia fuerza, que detectó irregularidades en la custodia de los bienes secuestrados. Durante el procedimiento, la fiscal dispuso el secuestro del teléfono celular del imputado y otros elementos considerados de interés probatorio, además de la toma de muestras periciales.
El Ministerio Público no descarta que, conforme avance la investigación, se amplíen las imputaciones o se adopten nuevas medidas procesales. "Todo está bajo análisis. Hay contradicciones en las declaraciones y una demora injustificada en cumplir la orden fiscal que disponía la entrega de los bienes", explicaron fuentes judiciales.
De manera paralela, la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad abrió un sumario administrativo para determinar las responsabilidades disciplinarias de los efectivos que se desempeñaban en la Brigada.
"Nosotros, como institución, no vamos a permitir este tipo de hechos. Por eso, inmediatamente suspendimos a los efectivos involucrados hasta que se establezca la verdad judicial", remarcó Bustos.
Fuentes del Ministerio de Seguridad recordaron que, durante la gestión del ministro Gaspar Solá Usandivaras, se registraron 25 exoneraciones y 20 bajas en trámite, en el marco de un proceso de depuración interna que busca fortalecer la confianza ciudadana en las fuerzas de seguridad.
En este caso particular, la Fiscalía había dispuesto la entrega del dinero a los propietarios, pero la orden no se concretó en tiempo y forma. La irregularidad fue advertida días después y ayer se produjo la detención del principal sospechoso.