Hasta 12.000 ciudadanos de Corea del Norte trabajarían bajo condiciones de explotación laboral en una fábrica rusa de drones militares, según un informe elaborado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) y el Instituto George W. Bush. El documento denuncia graves violaciones de derechos humanos en el complejo industrial de Alabuga, ubicado en Yelabuga, en la república rusa de Tartaristán.
El estudio sostiene que el régimen norcoreano retiene hasta el 90% de los salarios de los trabajadores enviados a la planta, en un esquema que califica como trabajo forzado y trata de personas organizado mediante acuerdos entre Estados. Además, advierte que las restricciones a la libertad de movimiento y el control sobre los ingresos de los empleados forman parte de un sistema de explotación.
La investigación vincula estas prácticas con el aumento de la producción rusa de vehículos aéreos no tripulados, utilizados en los ataques contra Ucrania desde la invasión a gran escala iniciada en febrero de 2022.
Una fábrica clave para la producción de drones rusos
De acuerdo con el informe, la guerra contra Ucrania incrementó la demanda de drones militares de Rusia, que buscó ampliar su capacidad de fabricación mediante acuerdos de cooperación internacional. En ese contexto, Moscú comenzó a producir en territorio ruso aparatos basados en el modelo Shahed, de diseño iraní, que posteriormente fueron modificados y conocidos como Geran.
El complejo de Alabuga se convirtió en una instalación clave para esa industria. Según el documento, Rusia produce allí miles de drones que utiliza para atacar posiciones militares, ciudades e infraestructura ucraniana, incluida la red eléctrica.
El reporte señala que Moscú llegó a disponer de una capacidad de producción superior a los 5.500 drones mensuales. También indica que entre marzo y mayo se intensificaron los lanzamientos contra Ucrania, con más de 8.000 drones disparados durante mayo.
Los investigadores sostienen que la incorporación de trabajadores norcoreanos permitió ampliar la capacidad industrial en un contexto de creciente demanda militar. A su vez, cuestionan la participación del régimen de Kim Jong-un, al que atribuyen el envío de ciudadanos al exterior y la retención de la mayor parte de sus ingresos.
China e Irán, en el entramado de cooperación militar
El estudio también analiza la participación de China e Irán en la cadena de producción y abastecimiento que sostiene la capacidad militar rusa.
Según el informe, China es uno de los principales proveedores de componentes electrónicos y materiales de doble uso empleados en la fabricación de drones, entre ellos baterías, motores, sistemas de navegación y otros dispositivos que pueden destinarse tanto a actividades civiles como militares.
Por su parte, Irán suministró a Rusia drones Shahed y tecnología que contribuyó al desarrollo de variantes fabricadas localmente. El documento sostiene que esa cooperación permitió a Moscú ampliar su producción y adaptar los aparatos a las necesidades del conflicto.
Los autores describen la convergencia de China, Rusia, Irán y Corea del Norte mediante el acrónimo CRINK. Aunque aclaran que estos países no constituyen necesariamente una alianza formal, advierten sobre una creciente cooperación que facilita el intercambio de tecnología, recursos y apoyo estratégico.
Una resolución de la ONU y posibles incumplimientos
El informe también cuestiona la continuidad del empleo de trabajadores norcoreanos en el extranjero pese a las restricciones internacionales. En particular, menciona la Resolución 2397 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada en diciembre de 2017, que estableció la repatriación de trabajadores norcoreanos por parte de los Estados miembros dentro de un plazo de dos años.
Los investigadores consideran que la presencia de estos trabajadores en el complejo de Alabuga contradice ese marco internacional y reclaman una mayor intervención de los organismos multilaterales para documentar las condiciones laborales y determinar las responsabilidades.
El documento advierte que el sistema denunciado no solo beneficia a la industria militar rusa, sino que también permite al Gobierno norcoreano obtener ingresos mediante el trabajo de sus ciudadanos, cuyos desplazamientos y remuneraciones estarían sometidos a controles estrictos.
Qué medidas propone el informe
Ante las presuntas violaciones de derechos humanos, el CSIS y el Instituto George W. Bush recomiendan que Estados Unidos y sus aliados aumenten la presión diplomática y económica sobre las redes que, según el estudio, facilitan la explotación laboral en Alabuga.
Entre las medidas propuestas figuran investigar el funcionamiento del complejo industrial, identificar a las empresas que participan en el sistema de contratación y aplicar sanciones contra compañías e instituciones involucradas en la presunta red de trata de personas.
Los autores también instan a advertir a otros países sobre posibles mecanismos de contratación engañosa y a promover una investigación multilateral que permita documentar los abusos denunciados.
Por último, el informe pide que las empresas extranjeras con presencia comercial en la zona económica especial de Yelabuga reconsideren sus operaciones y que la comunidad internacional mantenga la atención sobre las condiciones de los trabajadores norcoreanos.
Las conclusiones del estudio sitúan el caso de Alabuga en la intersección entre la guerra de Rusia contra Ucrania, la cooperación militar entre Moscú, Teherán, Beijing y Pyongyang, y las denuncias sobre explotación laboral. Los investigadores reclaman nuevas medidas internacionales para esclarecer las responsabilidades y frenar las prácticas que describen como trabajo forzado y trata de personas.