El Gobierno de Santa Cruz informó que se realizaron tres allanamientos simultáneos en Pico Truncado y Caleta Olivia en el marco de una causa judicial que investiga una presunta defraudación superior a los 550 millones de pesos contra el Estado provincial. La maniobra se habría concretado mediante contrataciones de cooperativas durante la gestión anterior relacionada con el ámbito de Educación.
Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción N° 2 de Caleta Olivia y ejecutados por la División de Investigaciones local, dependiente de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones.
En Pico Truncado, los allanamientos alcanzaron los domicilios del exdirector regional de Zona Norte del Consejo Provincial de Educación (CPE), José Alonso, y de Mauro Ibarra, apoderado de la cooperativa Patagonia Ecology. En Caleta Olivia, la medida judicial se llevó adelante en la vivienda de Exequiel Córdoba, presidente de la misma cooperativa.
Durante los operativos se secuestró documentación relevante, incluyendo libros de actas, registros contables y teléfonos celulares, que serán peritados por la Justicia.
Origen de la investigación
La denuncia que dio origen a la causa fue presentada por la actual presidenta del Consejo Provincial de Educación. Según se detalla en el expediente, se habrían detectado graves irregularidades en contrataciones de servicios de desmalezamiento, limpieza y forestación en escuelas de Pico Truncado, Caleta Olivia y Las Heras, realizadas durante 2023, en la gestión anterior.
El perjuicio económico a las arcas provinciales se estima en más de 550 millones de pesos, monto que estaba destinado al sostenimiento de la educación pública.
Alcance de la pesquisa
La Justicia busca determinar el mecanismo de contratación y certificación de los servicios, la eventual responsabilidad de exfuncionarios y el rol de la cooperativa Patagonia Ecology. El eje de la investigación es establecer si existió una operatoria sistemática para simular trabajos no realizados, lo que habría generado un desvío millonario de recursos públicos.
El avance de la investigación será clave para esclarecer responsabilidades sobre el uso de fondos provinciales durante la gestión anterior y establecer medidas que fortalezcan la transparencia en las contrataciones públicas.