La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado dictaminó este miércoles, con firmas del oficialismo y la oposición dialoguista, el proyecto de Ficha Limpia, que modifica las reglas de elegibilidad para los candidatos a cargos públicos y bloquearía a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia relacionada con delitos contra la administración pública -entre otros-, como es el caso de Cristina Kirchner.
Tras el despacho, la iniciativa quedó lista para aterrizar en el recinto y está a un paso de convertirse en ley, con un kirchnerismo que tuvo una postura errática entre quienes piden incorporar más delitos y los que la rechazan en su totalidad. Esto último es, en realidad, el objetivo final del interbloque del Frente de Todos, que comanda el formoseño José Mayans.

El nervio central del texto apunta a los “delitos de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal”. También, a los “delitos previstos en los capítulos VI-Cohecho y tráfico de influencias, VII-Malversación de caudales públicos, VIII-Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, IX-Exacciones ilegales, IX bis-Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y XIII-Encubrimiento, todos ellos contemplados en el título XI-Delitos contra la administración pública, del libro segundo del Código Penal”.
Además, quedarán comprendidos en este mecanismo “todo otro delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento que sea dispuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Constitución”.