El Tribunal Oral Federal N° 2 resolvió extender la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, por lo que continuará cumpliendo en el departamento de San José 1111 la condena a seis años de prisión impuesta en la causa Vialidad. La decisión fue adoptada luego de analizar los informes correspondientes al período trimestral de control.
El juez Rodrigo Giménez Uriburu señaló que la exmandataria “ha cumplido adecuadamente” con el deber de permanencia y con las pautas establecidas para las visitas. La evaluación se realizó a partir de los informes de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) y de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP).
En el informe trimestral, la DCAEP indicó que realizó entrevistas domiciliarias de manera aleatoria y que Cristina Kirchner respondió a los requerimientos con buena predisposición y mantuvo un trato cordial y respetuoso con los profesionales que participaron de los controles.
Durante el período analizado, la expresidenta tuvo una única salida autorizada por la Justicia, para asistir a una consulta médica. El traslado se realizó sin inconvenientes y el sistema de monitoreo electrónico tampoco registró incidencias. En cuanto a las visitas, el tribunal indicó que se ajustaron a los permisos concedidos y que solamente se produjo una demora de una visitante, que fue explicada ante las autoridades.
El tribunal también evaluó el impacto de las movilizaciones que se realizaron frente al domicilio de la expresidenta. Según los informes analizados, no se registraron comportamientos que “hubieran perturbado la tranquilidad del vecindario” ni quejas por parte de los vecinos.
En ese marco, el magistrado concluyó que Fernández de Kirchner mantuvo “una conducta de sujeción al control judicial y de observancia de las condiciones establecidas para la ejecución de la pena bajo la modalidad domiciliaria”. De esta manera, continuará bajo prisión domiciliaria en San José 1111.
El departamento quedó bajo embargo
La decisión del TOF N° 2 se conoce pocos días después de que la Cámara Federal de Casación Penal declarara inadmisible un recurso presentado por Máximo y Florencia Kirchner contra el embargo preventivo de 13 inmuebles vinculados a las sociedades Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., entre ellos el departamento de San José 1111.
El embargo fue dispuesto en el marco de la ejecución patrimonial de la condena de la causa Vialidad y busca preservar los bienes frente al decomiso establecido en el expediente. El monto actualizado fijado para ese decomiso asciende a $684.990.350.139,86, es decir, casi $685.000 millones.
La resolución de Casación fue adoptada por mayoría por los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, mientras que Mariano Borinsky votó en disidencia. Los magistrados que conformaron la mayoría consideraron que el embargo preventivo no constituía una sentencia definitiva que habilitara la intervención de esa instancia en ese momento.
Qué ocurre con los otros departamentos de San José 1111
El edificio donde Cristina Kirchner cumple la prisión domiciliaria también quedó bajo atención judicial por la situación patrimonial de otros de sus propietarios.
Uno de ellos es María Soledad Calle, quien adquirió el departamento del primer piso ubicado debajo del de la expresidenta. La mujer reconoció ante la Justicia la compra del inmueble y sostuvo que fue realizada con recursos propios para destinarlo a una fundación vinculada con estudios sobre el desarrollo argentino.
Sin embargo, la Justicia investiga el origen de los fondos utilizados para esa operación. Una de las hipótesis analizadas apunta a una posible vinculación con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), aunque hasta el momento no existe una conclusión judicial que establezca que el dinero haya provenido del sindicato.
El otro propietario vinculado políticamente con el edificio es el senador nacional Mariano Recalde, quien figura como dueño del departamento 1 “A”, según información del Registro de la Propiedad Inmueble. El inmueble fue adquirido en 2016 y se encuentra junto al departamento perteneciente a Calle.
Así, mientras Cristina Kirchner continuará cumpliendo su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, la Justicia mantiene también activas las medidas patrimoniales vinculadas con la causa Vialidad, mientras avanzan las actuaciones destinadas a ejecutar el decomiso dispuesto sobre los bienes alcanzados por el expediente.