Un informe técnico de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional no pudo determinar la autenticidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, que desataron el año pasado la investigación por presuntas coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El análisis tampoco pudo asignar las voces a las personas imputadas en el expediente.


El análisis de las grabaciones difundidas en el marco de la investigación identificó una serie de limitaciones que impidieron establecer de manera concluyente su procedencia. Entre ellas, los especialistas advirtieron que la cadena de custodia del material se había interrumpido antes de que los archivos fueran sometidos a peritaje, según difundió Infobae.
Los archivos que en una primera evaluación podían analizarse, mostraron rasgos compatibles con una regrabación, conocida como transferencia acústica.
El informe también detectó cortes abruptos e inconsistencias acústicas que no se corresponden con una grabación continua. De acuerdo con los especialistas, estas irregularidades podrían ser consecuencia de intervenciones, recortes o modificaciones realizadas después de la grabación original.
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Además, el peritaje remarcó que no se pudo descartar una eventual manipulación de las piezas ni la utilización de herramientas de inteligencia artificial para alterar o generar voces. Razón por la cual, los especialistas no pudieron validar la autenticidad de los audios ni establecer una atribución técnica de las voces.
La interrupción de la cadena de custodia limitó el peritaje
La cadena de custodia es un procedimiento clave para garantizar que un archivo sometido a peritaje sea el mismo que fue obtenido inicialmente y que no haya sufrido modificaciones durante su circulación. En este caso, el informe advirtió que ese proceso se había interrumpido antes de que el material llegara a manos de los especialistas. Situación que condicionó las conclusiones sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo. Los peritos que intervinieron por las distintas partes coincidieron en que los elementos disponibles no eran suficientes para determinar de manera concluyente si las grabaciones eran auténticas.
En las grabaciones se describía un supuesto sistema de cobro de sobornos a prestadores y droguerías en la compra de medicamentos, y en un fragmento se mencionaba a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del Presidente, que nunca estuvo imputada.
La defensa de Spagnuolo había sostenido que el material podía haber sido editado o creado mediante inteligencia artificial. A partir de ese planteo, la Justicia dispuso el estudio técnico de los archivos para establecer si era posible comprobar su origen y profundizar las líneas de investigación. El juez federal Ariel Lijo deberá evaluar ahora el alcance del informe y las pruebas pendientes, dado que la falta de validación de los audios no implica por sí sola el cierre de la investigación.