Negar los hechos, negarse a declarar o rechazar responder preguntas. Esa es la estrategia de los acusados en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en la contratación de droguerías para la compra de medicamentos.
Los exfuncionarios de ANDIS Eduardo Nelio González y Lorena Di Giorno fueron indagados este viernes en la causa que impulsa el fiscal Franco Picardi y que tiene a su cargo el juez Sebastián Casanello. Ambos continuaron la estrategia de los imputados que se presentaron a la justicia e hicieron uso de su derecho a negarse a declarar.
Nelio González negó los hechos que se le imputaron y rechazó responder preguntas, mientras que Di Giorno directamente se negó a declarar, según informaron fuentes judiciales. Ambos están acusados de participar en una organización delictiva que operaba dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Habrían desempeñado roles clave en el esquema de corrupción que incluía el favorecimiento de empresas privadas en la gestión de fondos públicos destinados a personas con discapacidad.
El rol de los acusados en la organización investigada
González, conocido como "Pino", habría utilizado su cargo como Director Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la ANDIS para beneficiar a empresas vinculadas a uno de los imputados, Miguel Ángel Calvete, recibiendo a cambio sumas de dinero en dólares.
Además, habría tenido un rol activo en la manipulación del sistema de compras de la ANDIS, incluso antes de su designación oficial. En la causa hay chats entre Calvete y González en los que éste último, habla de “ir a buscar la mía”
Por su parte, Lorena Di Giorno, también funcionaria de la ANDIS, habría actuado bajo las órdenes de Calvete, manejando dinero y facilitando operaciones ilícitas. También habría recibido pagos indebidos y facturado sumas millonarias a las empresas de Calvete, como INDECOMM S.R.L. y Profarma S.A.
Asimismo, habría proporcionado información sensible y facilitado el sistema de compras de la ANDIS para beneficiar a las empresas involucradas en el esquema de corrupción.
En uno de los mensajes que la justicia analizó, Calvete le dijo a Di Giorno: “Pasate por Defensa (uno de los domicilios atribuidos a Calvete) si podés después así te doy lo tuyo y vemos las cotizaciones”. Están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta, corrupción y participación en una organización delictiva.
El silencio como estrategia
Hasta ahora, ninguno de los imputados ha accedido a responder preguntas en la causa que comenzó a partir de la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, el extitular del organismo y uno de los principales acusados rechazó responder preguntas.
En esos audios se hablaba de supuestos retornos que llegarían hasta las manos de la secretaria de la presidencia Karina Milei. Los audios no son prueba del expediente. Fueron el disparador de numerosas medidas ordenadas en la causa que condujeron a allanamientos, secuestro de documentación y finalmente a las imputaciones.
Spagnuolo se negó a declarar y la misma estrategia adoptaron Pablo Atchabahian y Daniel Garbellini, también imputados en el caso. Calvete, que está condenado en otra causa por facilitación económica de la prostitución, tampoco declaró en la causa Andis.
Atchabahian y Calvete están señalados por la fiscalía como presuntos operadores externos y nexos entre la agencia y las distintas droguerías y empresas implicadas.