El ministro de Economía, Luis Caputo, les envió un fuerte mensaje a los gobernadores dialoguistas, en medio de la tensa negociación de Nación con los mandatarios por el apoyo a la reforma laboral: “La Argentina tiene que bajar impuestos”.
Caputo se refirió a la reducción del Impuesto a las Ganancias para las empresas, que forma parte del proyecto impulsado por el Gobierno. El funcionario explicó que esa eventual reducción en el tributo coparticipable, de concretarse, empezará a impactar en 2027, y que tendría una incidencia de $1,5 billones, la mitad de lo previsto por los gobernadores, que reclaman una compensación por esa eventual pérdida de fondos para sus distritos.

El ministro de Economía dijo en declaraciones a Radio Mitre, sobre la modernización laboral impulsada por el oficialismo: “Creo que terminará pasando, pero está un poco trabada, porque los gobernadores no quieren ceder en la baja de Ganancias, que es a partir del ejercicio 2026. O sea, que empezaría a impactar en 2027. Ellos dicen que eso les va a costar unos $3 billones, en realidad cuesta la mitad".
El ministro de Economía confirmó la intención oficial de reducir impuestos: “Vamos de vuelta a la discusión del modelo. Para nosotros, para generar inversiones y ganar competitividad, necesitamos seguir bajando impuestos, el modelo viejo de salarios miserables en dólares, tipo de cambio alto e ineficiencia escondida ahí no sirve, el país tiene que bajar impuestos”.
En medio de las tensas negociaciones que el Gobierno mantiene para sumar apoyos para la reforma laboral, los gobernadores preparan una nueva reunión con foco en la recaudación.
En el Consejo Federal de Inversiones (CFI) debatirán distintas opciones para compensar los casi 4 puntos de recaudación que perderían en caso de aprobarse el proyecto de modernización laboral.
El nudo del conflicto que abroquela a los gobernadores es el artículo 190 de la reforma laboral, que propone reducir la alícuota del impuesto a las sociedades en los tramos 2 y 3, bajando el porcentaje del 30% al 27% y el del 35% por una alícuota del 31,5%.
Según un cálculo de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) el costo en la coparticipación para las provincias sería de $ 3,18 billones.
Ante este escenario, los mandatarios provinciales buscarán negociar algún tipo de compensación a cambio de garantizar el apoyo al proyecto en el Congreso.
En esa línea, los mandatarios provinciales pedirán una instrumento de compensación que sea incorporado en el proyecto de ley y que rija para todas las provincias de la misma forma.