El ex jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, tiene hasta este miércoles para presentar ante la Justicia la justificación de su evolución patrimonial, en el marco de la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
El plazo corresponde a la prórroga de 15 días otorgada por el juez federal Ariel Lijo a fines de agosto, luego de un pedido realizado por la defensa del exfuncionario, encabezada por el abogado Matías Ledesma.
El requerimiento fue elaborado por el fiscal Gerardo Pollicita a partir de un informe técnico de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), de 207 fojas, que incluyó el análisis de declaraciones juradas y el cruce de información con registros de la propiedad, entidades bancarias, plataformas de criptomonedas y movimientos migratorios.
A partir de ese trabajo, la fiscalía detectó distintas inconsistencias financieras que Adorni deberá explicar. Entre diciembre de 2023 y su salida del Gobierno, el grupo familiar declaró ingresos por $229.752.283,20, correspondientes a los salarios percibidos por Adorni como funcionario y a los ingresos de su esposa, Bettina Angeletti.
Sin embargo, los gastos registrados durante el mismo período alcanzaron los $272.820.832,20, incluyendo consumos con tarjetas de crédito, expensas, servicios, impuestos, seguros, viajes y compras de electrodomésticos. La diferencia representa un saldo negativo de $43.068.549 que, según el análisis incorporado a la causa, requiere una explicación.
La investigación también detectó erogaciones en moneda extranjera por USD 402.578,12 que no coincidirían con los recursos lícitos declarados. Parte de esos fondos habría sido destinada a la compra y remodelación de propiedades, mobiliario, alquileres temporarios y viajes al exterior.
El fiscal Pollicita formuló 20 puntos específicos que Adorni deberá responder respecto de su evolución patrimonial desde que ingresó al gobierno de Javier Milei hasta el 27 de junio de 2026, fecha en la que presentó su renuncia.
Uno de los principales interrogantes está relacionado con los dólares en efectivo declarados bajo el concepto de “venta de activos” luego de que el exfuncionario corrigiera sus declaraciones juradas.
Adorni también había afirmado públicamente que poseía alrededor de medio millón de dólares en criptoactivos desde hacía una década, fondos que no habían sido declarados anteriormente. Por ese motivo, la fiscalía pidió que precise qué bienes vendió, quiénes fueron los compradores, cuándo se realizaron las operaciones y cuál fue la trazabilidad bancaria o bursátil de esos movimientos.
Otro de los puntos bajo análisis está relacionado con el lote 380 del Country Indio Cua, cuya adquisición deberá ser justificada, especialmente porque el inmueble figura únicamente a nombre de su esposa.
En esa propiedad también se investiga el supuesto pago en efectivo de USD 245.000 al contratista Matías Tabar por trabajos de remodelación, que incluyeron modificaciones en la piscina y la construcción de una parrilla.
Además, Adorni deberá explicar el origen del dinero utilizado para adquirir un departamento ubicado en la calle Miró 550, en Caballito, así como los dólares abonados en efectivo al mismo contratista por el mobiliario de esa vivienda.
El requerimiento fiscal incluye también preguntas sobre préstamos atribuidos a familiares, la compra de un vehículo Jeep, el uso de terceras personas para realizar compras y pagos en efectivo y movimientos vinculados con criptomonedas.
En particular, la Justicia detectó fondos en una billetera virtual que habría sido validada por Adorni con su identidad, pero que no habría sido informada ante la Oficina Anticorrupción.
También se pidió explicar el origen de depósitos no salariales en su cuenta sueldo del Banco Nación y los honorarios facturados por la escribana Adriana Nechevenko por tres operaciones inmobiliarias del matrimonio, que fueron emitidos íntegramente a nombre de Angeletti.
La defensa había solicitado más tiempo para preparar la respuesta y acceder a la totalidad de las pruebas, archivos y conversaciones que sustentan la acusación fiscal. Uno de los principales puntos del reclamo estuvo relacionado con el contenido del teléfono celular de Tabar.
Ahora, con el vencimiento del plazo, Adorni deberá presentar su descargo y aportar la documentación que considere necesaria para explicar las inconsistencias señaladas por la fiscalía.
Si el juez Lijo considera que las explicaciones y pruebas presentadas no resultan suficientes para despejar los interrogantes planteados, el magistrado podría avanzar hacia una citación a declaración indagatoria, lo que implicaría un nuevo escenario procesal para el ex jefe de Gabinete en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.