La senadora por Santa Cruz, Alicia Kirchner presentó ante el Senado de la Nacional un proyecto para que el Ejecutivo Nacional revea el desmantelamiento del Programa que asiste a las personas víctimas de trata de personas y los despidos de operadores que atienden la Línea 145 ya que, producto de la reducción presupuestaria y operativa, anula la capacidad del Estado para prevenir y atender a las víctimas.
En este proyecto de declaración, la legisladora de Unión por la Patria apunta a los ajustes en el sector público que impactan en la prevención de casos y en la asistencia a personas víctimas de trata. Al respecto, en una publicación en redes sociales, indicó: “La destrucción del Estado la pagan los más vulnerables. Los recortes en áreas de prevención de violencias ponen en riesgo vidas".
Asimismo, manifestó su preocupación por la oleada de despidos en el servicio destinado a la prevención, atención y acompañamiento a personas víctimas de trata, en particular en la Línea 145 que depende del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. En la actualidad, este Programa ejecutó un 90 por ciento menos que el mismo periodo del año pasado, lo que repercute inexorablemente en el acompañamiento y la asistencia de estos delitos.
Cabe destaca que Alicia Kirchner durante su labor como ministra de Desarrollo Social de la Nación y presidenta del Consejo de Políticas Sociales, coordinó la formación de mesas interinstitucionales para garantizar el funcionamiento de organismos de prevención y lucha contra la Trata. Asimismo, en abril se celebraron 16 años de la aprobación de la Ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (que fuera mejorada en el año 2012 por la Ley N° 26.842).
La normativa impulsada por María Cristina Perceval y Alicia Kirchner durante su etapa como senadora nacional en 2006 es un modelo para la región y el mundo en términos de estándares de combate a la trata y de garantía de los derechos de las víctimas.
Establece la obligación del Estado de diseñar y ejecutar un Programa Nacional para la Lucha contra la Trata y para la Protección y Asistencia a sus Víctimas, prevé el diseño de estándares de actuación, protocolos y circuitos de intervención que aumenten la capacidad del Estado de detección, persecución y desarticulación de las redes de trata y crea un sistema sincronizado de denuncias en el ámbito del Ministerio Público Fiscal con alcance en todo el territorio nacional.
Cabe destacar que desde la proclamación de esta normativa, Argentina lidera la lucha contra la trata de personas en América Latina, es uno de los tres países de la región con la máxima categoría en evaluaciones internacionales en materia de prevención, lucha y asistencia a víctimas de trata.
