La diputada de La Libertad Avanza, Rocío Bonacci, una de las legisladoras oficialistas que se reunieron con represores en la cárcel de Ezeiza, aseguró este jueves que el cónclave tuvo el aval de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La libertaria brindó una nota a Radio Mitre, en donde detalló el detrás de la reunión que mantuvieron con genocidas de la última dictadura cívico-militar: "Lo craneó Beltrán (Benedit), supongo que con ayuda de Guillermo (Montenegro) y, parece ser, a raíz de unos chats que salieron ayer, todavía no lo charlé con el bloque, que esto tenía un okey de Patricia Bullrich".

En línea con eso, contó como fue el ingreso de los diputados al penal. "Simplemente nos abrieron la puerta, ingresamos, conversamos, nos recibieron muy cordialmente y los diputados teníamos todos nuestros teléfonos. Fue todo muy irregular. De hecho, ingreso al pabellón consciente de que me iban a tantear los bolsillos, que me iban a pedir el teléfono y más datos y no pasó", relató.

Sin embargo, Bonacci se diferenció del proyecto de ley que busca la liberación de genocidas: "Le comuniqué a Beltrán que no me iba a poner a defender este proyecto que tira a la basura 40 años de democracia. No merecen que gastemos nuestro tiempo. Fueron horas desagradables. No me quedó otra que quedarme ahí, en un momento de la reunión pedí retirarme y me pidieron que esperara para salir todos juntos".
Por último, aseguró: "Les comenté que no quería participar, que no iba a presentarme con los genocidas, que iba intercambiar información ni dialogar porque me repugnaba, estaba descompuesta del estómago".
La visita de los diputados de La Libertad Avanza a los gencocidas habría sido por un proyecto de ley para liberarlos
El periodista Mauro Federico presentó en el programa Argenzuela de C5N un informe en el cual detalló la trama detrás de la reunión entre los diputados libertarios y los genocidas.

"Esto comienza el 14 de marzo e involucra a sectores de la Iglesia ligados a la obra de Dios, Opus Dei, 13 diputados de La Libertad Avanza y 5 abogados y juristas. Esta es la planificación de un proyecto para que los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad sean liberados de las cárceles", relató.
"Esto empieza con una serie de reuniones que se llevaron a cabo en un lugar ubicado en Montevideo 871", describió Federico, al tiempo que mostraba un video del sitio en el que se lo veía al cura Javier Olivera Ravasi, "hijo de un genocida condenado a perpetua que es uno de los tantos que goza de domiciliaria, llamado Jorge Olivera".
Así, precisó que el motivo de los encuentros ocurridos en aquel lugar. "Se reunían para diseñar un plan de presión y lobby sobre la agenda parlamentaria y lograr una ley que permitiera que los militares presos queden finalmente en libertad. Se hicieron por lo menos tres reuniones para organizar las visitas al penal y para acordar los términos en los que iban a elaborar este proyecto de ley", manifestó.
"También allí se diseñó un plan para cargar contra los jueces y fiscales pro derechos humanos. Querían posicionar en lugares estratégicos a dirigentes y funcionarios que pudieran cumplir con el plan final que no sólo era liberar sino también llevar adelante una contraofensiva contra los organismos de derechos humanos y aquellos jueces que hayan trabajado para satisfacer el deseo de justicia de los organismos de derechos humanos", concluyó.